La proliferación de pisos turísticos en toda Cataluña ha sido uno de los grandes factores que han marcado la política catalana en los últimos meses y años. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el pasado 2023 un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico en 262 municipios catalanes, un hecho que la patronal de pisos turísticos, la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), ha denunciado ante la Comisión Europea este decreto (que da libertad a los ayuntamientos para conceder las licencias y establece un límite de 10 por cada 100 habitantes) porque, a su parecer, “esta medida restringe el derecho a la propiedad privada y limita considerablemente la actividad económica en el sector de los alquileres turísticos, vulnerando el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que protege el derecho a la propiedad privada”. “Afecta de manera injustificada la libertad de empresa, la libertad de establecimiento y la libertad de prestación de servicios, contempladas en los artículos 15 y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales, así como el 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)”, han añadido.
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